El
Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife se ha quedado pequeño.
El edificio actual, que se encuentra en la zona de Cabo Llanos (ver
círculo rojo en la fotografía), justo en pleno centro
administrativo de la capital, es una instalación moderna pero
insuficiente para abarcar todas las necesidades judiciales del
momento. Sobre esto no cabe la menor discusión. Desde hace años, el
Gobierno de Canarias promueve la construcción de una nueva
infraestructura que resuelva los problemas de espacio que padecen
trabajadores y usuarios. A pesar de que siempre ha existido consenso
sobre su ubicación, la parcela que hasta ahora se consideraba
adecuada ha dejado de serlo por diferentes motivos que no vienen al
caso. Como alternativa, el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento han
puesto sobre la mesa unos terrenos ubicados en la zona de El
Sobradillo, es decir, en plena periferia de la ciudad. La propuesta
ha levantado ampollas, pero ni se ha confesado toda la verdad ni son
ciertos muchos de los argumentos que se utilizan para justificar el
traslado. Esto es lo que no te cuentan sobre el futuro Palacio de
Justicia.
En
las últimas semanas es fácil encontrar en la prensa diaria
declaraciones del nuevo consejero de Presidencia y Justicia del
Gobierno autonómico, José Miguel Barragán, o del alcalde de la
capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, en defensa de la nueva
sede del futuro edificio judicial. Ambos son miembros del mismo
partido político que el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos
Alonso, cuya principal aspiración pasa por construir una nueva línea
del tranvía en el distrito Suroeste, la zona donde se quiere colocar
el Palacio de Justicia. Una propuesta que ha generado una importante
contestación social de vecinos y comerciantes afectados. Más allá
de la evidente coincidencia de siglas o de intereses, a nadie se le
escapa que el traslado de la sede judicial viene muy bien para
justificar el proyecto ferroviario, lo cierto es que los argumentos
empleados hacen aguas a poco que se investigue la realidad
urbanística de Santa Cruz.
No
hay que olvidar, en primer lugar, la fuerte inversión que el
Ayuntamiento realizó hace años para expropiar gran parte del suelo
de Cabo Llanos, precisamente con la idea de expandir la ciudad y
trasladar el centro administrativo a la nueva bolsa de suelo
municipal. Y así fue. Allí se ubicó el Palacio de Justicia que
ahora se ha quedado pequeño, la Consejería de Educación, la
Agencia Tributaria Canaria, el edificio Múltiples II, la Seguridad
Social, Presidencia del Gobierno, el Intercambiador… Dicho de otra
manera, se gastaron innumerables recursos públicos en la
planificación de lo que se ha convertido en el auténtico corazón
de la gestión pública chicharrera. Un acierto urbanístico que, a
las primeras de cambio, se quiere echar abajo con el traslado de la
sede judicial, con el consiguiente perjuicio para usuarios y
trabajadores del edificio.
Las
justificaciones empleadas por la versión oficial, a la que se han
opuesto todas las voces autorizadas del Poder Judicial, se pueden
resumir en los siguientes aspectos: escasez de suelo público en el
centro de la ciudad, sobrecostes y dificultades administrativas para
modificar el Plan General de Ordenación (PGO). Nada más lejos de la
realidad. Porque la realidad es tozuda, por mucho que los políticos
la disfracen con mentiras amplificadas por medios de comunicación
afines.
No
es cierto que haya escasez de suelo público. Esta es la gran falacia
de los que defienden la ubicación del edificio en El Sobradillo.
Basta revisar el PGO para comprobar que existen terrenos municipales
de sobra en el mismo Cabo Llanos. En la fotografía que acompaña a
este artículo se puede ver señalada, en color amarillo, una parcela
aledaña al actual Palacio de Justicia. Lo que no te cuentan es que
ahí, donde en la actualidad se encuentra la llamada terraza de
verano, que está abierta casi todo el año, y donde inicialmente se
proyectó el Auditorio, se podría ubicar sin problema la nueva sede
judicial. Son 3.000 metros cuadrados de suelo con una edificabilidad
que ronda los 30.000 metros cuadrados (el edifico actual tiene
18.000). Esto permitiría conservar la instalación vieja, que
incluso podría conectarse con la futura infraestructura. Porque esto
es algo que nadie ha aclarado hasta ahora: ¿qué va a pasar con el
Palacio de Justicia, un edificio moderno y bastante reciente, que no
salió barato, si se traslada todo el operativo judicial al Suroeste?
Dos problemas que se resolverían con la misma solución.
Cuando
son tantas las cosas que no te cuentan sobre una decisión política
de máximo interés general, es necesario apuntar el foco del periodismo sobre la motivación que se esconde en la sombra
